Lo cierto es que el tema tiene cierto transfondo ético. El CGPJ es un órgano del Estado que tiene por función principal organizar y controlar a los jueces/juezas: sus ascensos, la cantidad de trabajo por sala, control de su actividad, solucionar los posibles problemas entre varias salas... Es un órgano de organización interna, y al mismo tiempo es también un órgano del Estado, ya que el poder judicial es una parte importante de la organización política. De ahí que surja la pregunta: ¿los órganos del Estado deben ser transparentes en la parte presupuestaria?
Con la nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno debería ser entendida como obligatoria. Pero, como en muchas ocasiones esta Ley no está del todo desarrollada y no hay un listado de (todos) los órganos con obligación o prioridad de transparencia.
Otra pregunta es: ¿valía la pena conocer estos datos o son una cuestión interna? Personalmente, y creo que es la idea de muchas otras personas, cualquier órgano del Estado o de las Comunidades Autónomas y corporaciones locales debe ser transparente y dejar ver de dónde provienen los ingresos y cuáles son los gastos, así como los salarios de sus miembros y demás partidas (contrataciones, gastos de oficina...). Esto tendría que ser incluso más prioritario si tenemos en cuenta que sus ingresos provienen del Estado, esto es, todos los ciudadanos españoles que pagan impuestos. Solo por este "detalle" las cuentas tendrían que ser públicas, no con voluntad de "fastidiar" a los miembros del mismo o de control, sino simplemente como una faceta más de la responsabilidad de los poderes públicos y de la "accountability" (o rendición de cuentas). Esta es una demanda que muchos grupos sociales han estado demandando, y como sucede en estos casos, si no se hace caso de la reivindicación, la institución cae en su valoración (ya que el conocimiento de la misma es bastante reducido), empeorando la valoración general del sistema y causando desafección hacia la política en su conjunto.
Ante esta situación: ¿cómo reaccionó este órgano? Pues siete de los 20 miembros votaron a favor de que dimitiera el vocal que denunció la situación de "ilegalidad" y cinco apoyaron a este vocal y pidieron la dimisión del presidente. Pero, la balanza se inclina hacia que se castigue al "chivato", que no cumplió con los cauces adecuados para denunciar una situación que es negativa, sobretodo teniendo en cuenta que el CGPJ forma parte del Poder Judicial (encargado de hacer cumplir la consecuencia jurídica (castigo) ante un hecho punible). Que este poder sea uno de los que incumple, queda extraño a la vista de los ciudadanos... ¿No era mejor ponerse en el lugar del ciudadano/a? ¿Por qué se defiende a alguien que está al mando pero que no hace las cosas todo lo bien que debería? ¿Solo por ser superior se tiene que callar las irregularidades? Simplemente por el hecho de que este "hecho" ha tenido transcendencia, debería haber sido tratado con una mayor importancia y haber intentado que, al menos de cara al exterior, los vocales mostrasen su desacuerdo con una mala gestión, cosa que no es punible: simplemente buscan el bien y el buen nombre de la institución. Pero, es complicado colocarse en frente del superior, tanto en estos casos como en el profesional, por ejemplo.
