La semana pasada (creo que más bien hace dos) en la comunidad de Castilla La Mancha se redujo la aportación económica de los representantes autonómicos. Siendo una medida, por lo menos, deseada por una ciudadanía cansada de políticas que se centran sobre unas clases más que otras, o al menos no criticada como otras muchas, se puso en marcha desde el Gobierno central, a su vez.
Pero, ¿hasta qué punto esta medida es acertada? Empezaré por "repasar" el por qué de los sueldos, aportaciones, extras por formar parte de una comisión, etc. Durante la Transición, para garantizar la independencia de los políticos, se tomaron una serie de medidas, entre ellas el fuero especial (el hecho de que los miembros de un órgano de representación sea juzgado por un Tribunal especializado en los temas "políticos"), y la remuneración por la actividad (entre otras). La remuneración buscaba su independencia, ya que, de esta manera se podían centrar más o exclusivamente en la actividad política, no buscando financiación por otras fuentes (venta de su voto personal, ser remunerado por influenciar el debate o la votación sobre un tema que tenga que ver con intereses corporativistas, el ser "contratado" por una empresa o un lobby para representarlos a ellos y no a los ciudadanos...). A la remuneración básica, se le tenían que unir los "extras" por formar parte de una comisión (cosa que requiere un esfuerzo mayor), por no estar en Madrid y por tenerse que desplazar (evitando así que los representantes de las regiones de la periferia quedasen sin medios para acudir), por alojamiento (a aquellos miembros (pensado por los grupos minoritarios) que tienen que acudir a los plenos, así como a comisiones que se celebran en diferentes días de la semana)...
En ese momento, la mayoría de los representantes eran vocacionales, o venían de medios rurales o tenían menos posibilidades de dedicarse a la política por simple vocación, sin tener problemas económicos. De ahí la importancia del pago del salario y de los "extras". He de decir que no eran considerados unos "privilegios", sino simplemente una ayuda o un fondo de independencia de la política.
Que en la actualidad esto no se consiga de la misma manera, o se utilice unas ayudas más que otras o se utilicen sin necesidad (por ejemplo, la famosa dieta por alojamiento del Presidente del Gobierno, que vive en Moncloa; o el desplazamiento de representantes regionales que están viviendo en Madrid), eso es otro tema, y muy negativo. Gracias a este tipo de comportamientos, la población se los toma como unos privilegios, y no como lo que son en realidad.
Independientemente de cómo funciona en el Parlamento, en los parlamentos regionales, también en los consejos municipales estas realidades se multiplican, especialmente en los grupos minoritarios, que tienen que hacer frente a un porcentaje mayor de tareas que los mayoritarios: además de los plenos, las comisiones permanentes y las especiales, los grupos de trabajo... El hecho de quitar gran parte de este salario y reducir los "extras" reduce la capacidad de acción de estos partidos, reduciendo su "poder". Estamos de acuerdo en que la profesión política tendría que ser voluntaria o, por lo menos, lo más vocacional posible, pero el hecho es que todo el mundo no puede conseguirlo, entre otras cosas por las capacidades económicas. Sé que puede sonar muy poco popular lo que estoy diciendo, pero es cierto que si no se ponen en marcha estas medidas solo tendríamos a representantes de altas capas sociales, y puede que también menos independientes. No digo que no se tenga que modificar para que la suma de todas las remuneraciones fuera mayor que cierta cantidad, que se pusieran porcentajes o coeficientes para conseguir que fuera más proporcional o cercano a la realidad. También es cierto que, si hiciéramos esto, serían los de los partidos mayoritarios quienes estarían en contra, ya que ellos son más representativos y más importantes, según su número de representantes. 
Independientemente de esto, me llama la atención que los que llevaron a cabo esta normativa fueron los que tienen un salario neto o una suma de funciones o cargos más elevada. ¿No sería más normal el intentar legislar sobre el cúmulo de mandatos, no solo de territorios, sino también de cargos dentro de un mismo partido? ¿No estaría mejor controlar que los representantes fueran independientes y, a le vez, cumplieran sus funciones sin pedir más de lo que es necesario? ¿De verdad son necesarias todas las tabletas electrónicas (por no hacer publicidad)? Y, si son necesarias, ¿por qué no hay una especie de cláusula que obligue o penalice a cada político que la pierda a pagarla y, además, una multa por haber faltado a su deber como cargo público?
Y, para terminar, ¿por qué estamos aceptando que se reduzca el salario a los representantes primarios de la ciudadanía (recordemos que sólo tenemos posibilidad real (o más bien efectiva) de participar en política vía el voto) casualmente en un momento en que el ejecutivo está gobernando vía reglamento (y no por leyes), y cuando la oposición es más necesaria que nunca? No digo que se tenga que dejar el sistema tal y como está, pero las modificaciones tienen que venir por otras partidas, o por otros métodos. Entre otras cosas, para que la división de poderes sea, también, posible.